En este artículo abordaremos la historia de por qué Andorra no es un paraíso fiscal: su proceso de más de 10 años de apertura económica y jurídica internacional, su modernización y su decidida apuesta para atraer innovación y capital extranjero. Y es que aunque los youtubers se muden al país por sus bajos impuestos comparado con España, el Principado ya no lo es, a diferencia de hace unos años.
Andorra como paraíso fiscal
Para entender por qué Andorra dejó de ser un paraíso fiscal hay que saber un poco de su historia. Lo cierto es que este país ha sido feudal o cuasi feudal hasta hace prácticamente nada, y estaba basado en unas leyes tradicionales. Sin embargo, desde la última parte del siglo XX el Principado ha sido un país bastente destacado en el mundo a pesar de su condición. Por ejemplo, en los años hippies de 1960, en plena escalada militar y atómica de la Guerra Fría, en Estados Unidos se alababa la larga tradición de paz, neutralidad y desmilitarización del Principado pirenaico.
El motivo era que Andorra se gastaba al año 4 dólares con 90 centavos en armamento y, al contrario que otros países mayores, era un país seguro. En ese entonces el país sí era un paraíso fiscal para España y Francia, y sobrevivía de los servicios financieros que otorgaba como refugio a los capitales salidos del exterior y del contrabando de productos sin impuestos directos aplicados, especialmente de tabaco.
En esta década, además, los andorranos experimentaron un aumento enorme en su calidad de vida gracias al comercio (favorecido por su condición de paraíso fiscal y el contrabando) y se empezó a desarrollar el turismo con las primeras instalaciones deportivas para la práctica del esquí. La necesidad de mano de obra producida por el éxito económico provocó una fuerte inmigración procedente de España y, en menor medida, de Portugal, que terminaría superando en número a la población nacional.
Sin embargo, no fue hasta 1993 cuando Andorra fue un régimen democrático y no feudal. En ese año se aprobó en referéndum la primera Constitución escrita de su historia, que creó un sistema de gobierno parlamentario de corte moderno y el 28 de julio de ese mismo año, Andorra entró como miembro de pleno derecho en la Organización de las Naciones Unidas.
A pesar de la expansión económica y demográfica (de población no nacional) sin cese de Andorra desde los sesenta, Andorra siempre mantuvo una especial restricción a la nacionalidad así como una discriminación latente hacia los no nacionales. Estas limitaciones en los derechos básicos de los residentes andorranos fueron criticadas por su carácter discriminatorio y su anacronismo y constituyeron el mayor obstáculo para la estabilidad interna y el bienestar social del país.
A los residentes solo se les denegaba el derecho al voto y la participación política. También tenían restringida su participación en los sindicatos, y no podían ser presidentes de una empresa privada ni disponer de más del 33% del capital social de una sociedad. Es un hecho que podía permitírselo, pues la condición de paraíso fiscal con una economía floreciente y tráfico comercial y de contrabando y el reciente turismo establecido era más que suficiente para atraer residentes extranjeros.
Por lo tanto sí, en esa época hasta principios del siglo XXI Andorra se nutría del refugio de capitales opacos e ilícitos y del contrabando de productos como el tabaco, y era ignorada por prácticamente toda la comunidad internacional.
Un pequeño golpe
Este paraíso ubicado entre Francia y España, no obstante, no era perfecto. Con una economía concentrada, proteccionista y muy influenciada por sus países vecinos, Andorra sufrió la crisis económica mundial y la española en particular. Tuvieron su burbuja y posterior pinchazo en el mercado inmobiliario y todos los sectores económicos fueron golpeados con más o menos dureza, aunque sus tres caballos más importantes, el sector financiero, el comercio y el turismo aguantaron.
El caso es que ya hacía años que en el Principado entendieron que había tomar medidas y que ser un paraíso fiscal opaco tal vez era contraproducente, y emprendieron una senda de reformas para iniciar una nueva y más próspera era. Andorra ya no volvería a ser la misma y sus cambios siguen desarrollándose aun hoy en día, avanzando en la diversificación económica y abriendo sus puertas a este mundo cada vez más globalizado.
Andorra deja de ser paraíso fiscal
La primera medida adoptada en este sentido fue el acuerdo de intercambio de información fiscal con España, firmado en 2010. El acuerdo le permitió al final del año salir de la lista de paraísos fiscales de España. Ese año son aprobados también los impuestos sobre renta de actividades económicas (IAE), sobre renta de no residentes fiscales (IRNR) y sobre sociedades (IS). Andorra supo por primera vez qué eran los impuestos de verdad.
Al año siguiente Andorra cerró un acuerdo por el cual desde 2011 está fuera de la lista negra de los paraísos fiscales que elabora la OCDE y desde 2012 de la lista gris, en parte obligados por las circunstancias de la crisis mundial y firmaron el Acuerdo Monetario con la Unión Europea para establecer el euro como moneda oficial en el país de los Pirineos y acercar así posiciones.
En 2012 se realiza un único avance en este sentido, pero tal vez el más poderoso de todos, especialmente en cuanto a apertura económica. Andorra una promulga una nueva ley de Inversiones Extranjeras para atraer inversión foránea y diversificar su economía. Esta medida liberaliza en gran medida la inversión en el país a no nacionales, limitando enormemente la discriminación histórica que habían padecido.
Con esta reforma se levanta la limitación a las empresas con más del 50% de capital extranjero, acabando así con la figura típicamente andorrana del «prestanoms» (prestanombres), que es como se conocía a los testaferros con que se ha sorteado durante años la restricción a la inversión foránea. Además se liberaliza el ejercicio de los profesionales liberales para los no nacionales. De esa forma mucha gente empieza a mudarse a Andorra a través de uno de los permisos de residencia andorranos.
Desde entonces, cualquiera puede crear una empresa en el Principado con capital 100% extranjero y vivir en el país como empresario.
Siguiendo la línea de tiempo, durante 2013 y 2014 Andorra toma una serie de decisiones encaradas hacia su homologación con Europa. Ya en Enero de 2013 entra en vigor el primer «IVA» de Andorra, el IGI (impuesto general indirecto). Seguidamente en Octubre acuerda establecer medidas fiscales equivalentes a las de la UE, y en Noviembre firma un convenio de asistencia mutua en materia fiscal con la OCDE. Finalmente en Abril de 2014 aprueba el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas.
El caso de la BPA (Banca Privada d’Andorra)
Todo seguía su cauce para 2015, y el Principado firmó en Enero con España un convenio de no doble imposición. El problema fue cuando en Marzo de ese año, el departamento Antifraude (Fincen) del Tesoro de Estados Unido acusó a la Banca Privada d’Andorra (BPA), uno de los mayores bancos del país y con capital 100% andorrano, de blanqueo de capitales, lo cual manchó la imagen de Andorra que buscaba no ser considerado paraiso fiscal.
La amenaza de EE UU de cortar toda relación financiera con el banco hizo que ni corresponsales ni otras entidades quisieran relacionarse ya con él. Cuando, a los pocas horas, su operativa colapsó, fue intervenido. Como dijeron los dirigentes del gobierno andorrano, BPA murió ese día, y casi se lleva consigo todo el sector financiero andorrano, que por entonces significaba el 24% del PIB (ahora es menor).
Tras esto, el Gobierno de Andorra trasladó el caso a la Fiscalía y al Instituto Andorrano de Finanzas (INAF), que clausuró la BPA, y procedió a trasmitir sus activos saludables a otro banco. Este banco, Vall Banc, entró en subasta y la adquirió un fondo estadounidense. Además, Andorra anticipó la adopción de la normativa europea de resolución de entidades y encargó una auditoría a PwC para separar a los clientes sospechosos.
No vamos a entrar más en detalle sobre este caso, pero la cuestión es que aunque las resoluciones fueron contundentes y el Fincen terminó retirando su acusación, la imagen de Andorra terminó gravemente dañada, y más aún tras los rumores y prejuicios del contrabando. En palabras del Ministro de Exteriores de antaño: “En Andorra, no nos vamos a engañar, tenemos un problema de imagen. O no nos conocen, o desgraciadamente nos conocen por el pasado”.
Un problema de imagen
Esto, por supuesto, tuvo su parte buena y su parte mala. Porque, ¿cómo solucionar un problema de imagen, opacidad y corrupción tras aplicar las medidas pertinentes? Con una política de transparencia, de vigilancia y de integración en el entorno europeo. Digamos que Andorra estaba luchando por quitarse esa molesta etiqueta de paraíso fiscal pero no le estaba saliendo bien.
Además, no solo era un problema de financiación al perder la banca andorrana credibilidad, sino que redujo los resultados de la apertura a la inversión extranjera porque los bancos se volvieron muy estrictos, lentos y precavidos a la hora de abrir cuentas bancarias a empresas.
Y siendo un país que tiene unas finanzas públicas equilibradas, deuda a niveles razonables, que merece reconocimiento de las agencias de rating después de años de crisis, y tras el esfuerzo en materia fiscal con los convenios de doble imposición con Francia o España seguía manchado socialmente. Esto aceleró brutalmente un proceso de reformas que el país necesitaba para encajar en el mundo actual.
Fin del secreto bancario en Andorra
Así pues, en el legislativo se pusieron manos a la obra. En Noviembre de ese mismo año, Andorra rubricó con la UE el acuerdo para el intercambio automático de información fiscal que ya había elaborado con sus países vecinos anteriormente, y en 2016 entró en vigor el convenio de no doble imposición con España.
Tras cerrar el caso BPA con la venta de sus activos a un fondo estadounidense, Andorra eliminó por completo el secreto bancario en Enero de 2017. Desde entonces, las cinco entidades bancarias han sido obligadas a recopilar la información de todos sus clientes, que deberán compartirla con España y el resto de países con los que hay acuerdos.
Seguidamente se empezó a negociar un acuerdo con la UE para acceder a su mercado e internacionalizarse, se iniciaron los trámites para la adhesión al Fondo Monetario Internacional (FMI), se tipificó por primera vez el delito fiscal, se promulgó una nueva ley de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y una nueva ley de seguros, entre otras normativas de carácter tributario y financiero.
Estas medidas generaron sus resultados en 2018, cuando tras unas reformas en la ley del Impuesto de Sociedades para modificar y suprimir algunas bonificaciones, los ministros de economía y Finanzas de la Unión Europea (el Ecofin) acordaron que Andorra deje definitivamente la lista gris de paraísos fiscales, considerando que el país cuenta con una jurisdicción cooperante en materia fiscal.
En ese mismo año, se redactó una reforma laboral y sindical en profundidad, alargando las bajas de maternidad, reduciendo la indemnización por despido y regulando el derecho a huelga.
Conclusión y resultados
Los resultados de las reformas están siendo bastante positivos, lo que impulsa nuevas medidas en esta dirección. Una población y PIB en constante crecimiento, con más de 9.000 empresas establecidas y en aumento, un sistema bancario moderno y unas cuentas públicas solventes se suman al muy buen sistema sanitario, muy atractivo marco fiscal o reformas medioambientales de calado para hacer del Principado un país nuevo.
Andorra lleva más de una década intentando modernizarse y adaptarse a este mundo conectado, cambiante y globalizado. Con sus más y sus menos, ha conseguido llevar a cabo una serie de reformas que han cambiado el país por completo. Se encuentra ahora mismo en esa fase de adaptación tan extraña, costándole acostumbrarse a exponerse al mundo tras tanto tiempo en el oscurantismo proteccionista y la el aislacionismo.
Si consigue su objetivo, y es un hecho que lo está consiguiendo de momento paulatinamente, se podrá convertir en una sociedad plenamente abierta al extranjero (con libertad de movimiento de capitales, personas y mercancías), homologada, respetada y valorada internacionalmente, y con un marco fiscal y jurídico de los más atractivos del mundo. Una combinación explosiva para el éxito y la prosperidad.
Actualmente el país sigue desarrollando sus políticas en el llamado Plan Horizonte 23 que detallamos aquí, dentro del cual se incluye por ejemplo la construcción del centro de inmunología de Grifols o un proceso de digitalización masivo aunque poco útil y despilfarrador. También es muy destacada la puesta en marcha del aeropuerto de La Seu d’Urgell para atraer más turistas.
En Abast creemos que ahora es un momento espléndido para apostar o invertir en Andorra, por eso estamos aquí, firmes. Ahora es su turno para tomar esa decisión. En caso de decidir afirmativamente, estaremos encantados de ayudarle en todos los aspectos respecto a su establecimiento en el país. Puede contactarnos y contarnos su caso pulsando aquí. Recibirá información detallada de lo que le podemos ofrecer personalizándolo a su situación.
