Pobreza en Andorra y desigualdad en los hogares

El día 29 de Diciembre del ya pasado año, el secretario de Estado de Diversificación Económica e Innovación, Marc Galabert, y el director del Departamento de Estadística, Joan Soler, presentaron la Encuesta de condiciones de vida, una estadística que informa de la distribución personal de la renta y sobre riesgo de pobreza y exclusión social.

Estos datos, que se recogen, redactan y publican anualmente, corresponden al año 2019 en su edición original. Desde entonces el Departament d’Estadística ha publicado ediciones anuales; la más reciente es la ECV 2024, publicada el 28 de julio de 2025, cuyos datos de ingresos corresponden al año 2023. En este artículo analizamos las conclusiones históricas de la ECV 2019 y actualizamos con los datos más recientes de la ECV 2024.

La ECV 2024 confirma una mejora general del poder adquisitivo, aunque también un aumento estadístico del indicador de riesgo de pobreza. Los ingresos medios han subido con fuerza (+42% respecto a 2019), lo que ha elevado el umbral de pobreza y, con él, el porcentaje de población que queda técnicamente por debajo — aunque la pobreza absoluta severa se ha mantenido estable. El precio de la vivienda sigue siendo la principal presión sobre los hogares de menor renta.

Suben los ingresos medios de los hogares

La ECV 2019 registró una media de ingresos por unidad de consumo de 26.245 euros (+2,9% respecto a 2018) y una mediana de 20.370 euros (+1,9%). La ECV 2024 muestra un salto muy significativo: la media asciende a 37.335 euros y la mediana a 28.883 euros (+7,6% respecto al año anterior), reflejando el efecto acumulado de las subidas del salario mínimo y el mercado laboral tensionado. Desde 2019, los ingresos medios han crecido un 42% en términos nominales.

La distribución de los ingresos también presenta diferencias por grupos de edad. Los menores de 16 años son los que disponen de menos ingresos por unidad de consumo, con una mediana de 18.733 euros y una media de 24.027 euros. La franja entre los 16 y los 64 años presenta una mediana de 20.888 euros y una media de 26.268 euros, y las personas de 65 años o más presentan una mediana de 18.732 euros y una media de 28.742 euros.

Se incrementa también el índice Gini

También se dividió a la población en franjas de quintiles de ingresos (agrupando la población en cinco franjas) y se ha concluído que los ingresos se han incrementado ligeramente en los quintiles superiores (en los que tienen más ingresos) y se han mantenido estables en los inferiores. De hecho, los quintiles superiores (entre 35.413 euros y 23.411 euros anuales) han aumentado entre 0,11 y 1,10 puntos sus ingresos. Este incremento implica que han pasado de suponer el 42% del total de ingresos en 2018 al 43,1% en 2019, lo que se tradujo en un crecimiento del índice de Gini (de 34 en 2018 a 35 en 2019). En la ECV 2024, el índice Gini se sitúa en 38,4, aunque esto supone una mejora respecto al 40,0 registrado en 2023, indicando que la desigualdad ha empezado a reducirse tras el pico post-pandémico.

El índice Gini toma valores entre 0 y 100 para medir la desigualdad de tal forma que 0 indica distribución de renta perfectamente igualitaria, y 100 muestra que la desigualdad en la distribución es máxima. En cualquier caso esto refleja también el éxito de Andorra en su afán por atraer capitales extranjeros y población de alto nivel de renta de otros países.

Así pues, la diferencia de ingresos no obedece a desigualdad entre las clases más acomodadas respecto las menos favorecidas, sino entre las más acomodadas y las clases medias. El Gobierno ya ha aprobado varias medidas que tienen por objetivo mejorar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos como el incremento del salario mínimo horario interprofesional para el año 2021 de un 3,5%.

Además, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de ley de medidas urgentes en materia de arrendamientos de fincas urbanas y de mejora del poder adquisitivo. Un texto que también incluye un incremento de hasta el 3,5% de las pensiones de la Caja Andorrana de la Seguridad Social (CASS) que tengan un importe bruto inferior al salario mínimo interprofesional y de las pensiones de solidaridad.

Comparando estos datos con los de la Unión Europea, se puede apreciar que los indicadores de desigualdad en Andorra son superiores a la media, un hecho propio de países con niveles de ingresos más elevados, como Luxemburgo o Suiza, según ha detallado el secretario de Estado.

La sobrecarga del alquiler

Como ya comentamos en nuestro artículo sobre el coste de vida en Andorra, el gasto más alto a tener en cuenta como residente es el alquiler del hogar. Y es que persiste un porcentaje importante de hogares con las rentas más bajas que siguen teniendo una sobrecarga provocada por los costos de la vivienda, lo que significa que al menos destinan un 40% o más de lo que ingresan a satisfacer estos gastos de alquiler.

Aunque la percepción subjetiva de la situación de los hogares se ha visto mejorada, «persiste un porcentaje importante de hogares del primer quintil con sobrecarga de los costes de la vivienda», ha expuesto Solé. En términos generales, la población con sobrecarga de los costes de la vivienda pasa del 13,9% de 2018 al 14,3% de 2019. La ECV 2024 muestra una mejora: este indicador baja al entorno del 9,4%-13%, aunque sigue siendo elevado para los hogares del primer quintil de renta. El Decret 486/2024 (diciembre de 2024) introdujo nuevas ayudas al alquiler de hasta el 35% de la renta mensual para colectivos vulnerables (jóvenes menores de 30 años, mayores de 65, familias monoparentales, familias numerosas y personas con discapacidad).

Disminuye la pobreza severa y relativa

Sin embargo y como ha recordado Galabert, un aumento de la desigualdad no significa un aumento de la pobreza, y precisamente eso es exactamente lo que ha pasado en Andorra, donde la tasa de pobreza es mucho más baja que la del entorno.

Primero podemos acogernos al umbral de riesgo de pobreza, que, siguiendo los criterios de Eurostat, corresponde al 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo. El año 2019 (con datos de ingresos de 2018) el umbral de riesgo de pobreza de Andorra era de 12.222 euros para los hogares formados por un adulto, y la población en riesgo de pobreza era el 13%, por debajo de la media de la UE (17%). En la ECV 2024, el umbral de riesgo de pobreza ha subido a 17.330 euros/año para un adulto solo, y la tasa de riesgo de pobreza se sitúa en el 16,4%. Este aumento es principalmente un efecto estadístico: al crecer fuertemente la mediana de ingresos (+7,6%), el umbral del 60% sube con ella, y más hogares quedan técnicamente por debajo — aunque la pobreza absoluta ha mejorado.

Aunque el 60% de la mediana es el umbral oficial de riesgo de pobreza, también se calculan otros umbrales para la incidencia de la pobreza severa (40% de la mediana) o la pobreza relativa (50% de la mediana). En este sentido se observa un descenso de ambas métricas: el porcentaje de población en situación de pobreza relativa disminuyó del 8,9% de 2018 al 7,2% en 2019; el de la pobreza severa pasó del 4,4% al 4,1%. En la ECV 2024, la pobreza relativa se sitúa en el 8,8% y la pobreza severa en el 4,2% — ambas prácticamente estables respecto a 2019 y por debajo de la media de la Unión Europea.

Baja privación material severa

Otra métrica de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) es la privación material severa, cuya proporción en Andorra es del 5,7%, según los nuevos criterios introducidos por Eurostat en la encuesta de 2019 que impiden compararla con la de 2018 (3,5%) por la diferencia de metodología. Si se tienen en cuenta los mismos criterios entre el 2018 y en 2019 se da un descenso, pasando del 4,7% de 2018 al 3% del 2019. Esta cifra es, además, sustancialmente inferior tanto a la media de la UE (que se ubica por encima del 10%) como la de los países vecinos.

El indicador AROPE

El indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) puede considerarse una combinación de los indicadores de riesgo de pobreza, privación material y baja intensidad laboral. Este indicador aumenta en dos puntos, desde el 15,5% hasta el 17,5%, aunque esto es debido al incremento del baremo de la privación material severa debido al cambio de metodología usada. En Andorra este indicador es inferior al resto de países europeos, un hecho que se explica en parte por la baja intensidad laboral.

El Gobierno sigue reforzando los mecanismos de protección social. Las prestaciones de solidaridad alcanzaron 4,67 millones de euros en 2024, un 17,2% más que en 2023, según el Ministeri d’Afers Socials. El gasto total en protección social en 2019 fue de 208,7 millones de euros (+8,1% respecto a 2018); el presupuesto de 2025 (Llei 4/2025) prevé un incremento adicional. El indicador AROPE (riesgo de pobreza o exclusión social) se sitúa en el 19,4% en la ECV 2024, frente al 17,5% de 2019, un aumento explicado en parte por el efecto umbral del crecimiento de ingresos y el ajuste metodológico de la privación material severa, que baja al 5,0% desde el 5,7% de 2019.