El día 29 de Diciembre del ya pasado año, el secretario de Estado de Diversificación Económica e Innovación, Marc Galabert, y el director del Departamento de Estadística, Joan Soler, presentaron la Encuesta de condiciones de vida, una estadística que informa de la distribución personal de la renta y sobre riesgo de pobreza y exclusión social.
Estos datos, que se recogen, redactan y publican anualmente, corresponden al año 2019 y se han obtenido mediante una encuesta presencial con una muestra arbitraria de 800 hogares de toda Andorra. En este artículo procederemos a analizar las conclusiones más pertinentes que se pueden sacar de dicha estadística. Aquí pueden leer el informe en cuestión al completo, que es el último de este tipo de estudios.
Como actualización, y a pesar de que no tenemos datos, seguramente para 2024 se han complicado bastante más las cosas. El precio de la vivienda ha subido mucho, sobre todo en los pisos y más aún en la parroquia de Escaldes, debido a las torres y edificios de altura y alto standing construidos.
Suben los ingresos medios de los hogares
El propio Galabert indicó que de la encuesta se desprende el hecho de que el año 2019 la media de ingresos por unidad de consumo es de 26.245 euros, lo que implica un aumento del 2,9% en comparación con el 2018. Así mismo, la mediana se sitúa en los 20.370 euros, siendo por tanto un incremento del 1,9% en relación al año anterior.
La distribución de los ingresos también presenta diferencias por grupos de edad. Los menores de 16 años son los que disponen de menos ingresos por unidad de consumo, con una mediana de 18.733 euros y una media de 24.027 euros. La franja entre los 16 y los 64 años presenta una mediana de 20.888 euros y una media de 26.268 euros, y las personas de 65 años o más presentan una mediana de 18.732 euros y una media de 28.742 euros.
Se incrementa también el índice Gini
También se dividió a la población en franjas de quintiles de ingresos (agrupando la población en cinco franjas) y se ha concluído que los ingresos se han incrementado ligeramente en los quintiles superiores (en los que tienen más ingresos) y se han mantenido estables en los inferiores. De hecho, los quintiles superiores (entre 35.413 euros y 23.411 euros anuales) han aumentado entre 0,11 y 1,10 puntos sus ingresos. Este incremento implica que han pasado de suponer el 42% del total de ingresos en 2018 al 43,1% en 2019, lo que se traduce en un crecimiento del índice de Gini (de 34 de 2018 a 35 de 2019).
El índice Gini toma valores entre 0 y 100 para medir la desigualdad de tal forma que 0 indica distribución de renta perfectamente igualitaria, y 100 muestra que la desigualdad en la distribución es máxima. En cualquier caso esto refleja también el éxito de Andorra en su afán por atraer capitales extranjeros y población de alto nivel de renta de otros países.
Así pues, la diferencia de ingresos no obedece a desigualdad entre las clases más acomodadas respecto las menos favorecidas, sino entre las más acomodadas y las clases medias. El Gobierno ya ha aprobado varias medidas que tienen por objetivo mejorar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos como el incremento del salario mínimo horario interprofesional para el año 2021 de un 3,5%.
Además, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de ley de medidas urgentes en materia de arrendamientos de fincas urbanas y de mejora del poder adquisitivo. Un texto que también incluye un incremento de hasta el 3,5% de las pensiones de la Caja Andorrana de la Seguridad Social (CASS) que tengan un importe bruto inferior al salario mínimo interprofesional y de las pensiones de solidaridad.
Comparando estos datos con los de la Unión Europea, se puede apreciar que los indicadores de desigualdad en Andorra son superiores a la media, un hecho propio de países con niveles de ingresos más elevados, como Luxemburgo o Suiza, según ha detallado el secretario de Estado.
La sobrecarga del alquiler
Como ya comentamos en nuestro artículo sobre el coste de vida en Andorra, el gasto más alto a tener en cuenta como residente es el alquiler del hogar. Y es que persiste un porcentaje importante de hogares con las rentas más bajas que siguen teniendo una sobrecarga provocada por los costos de la vivienda, lo que significa que al menos destinan un 40% o más de lo que ingresan a satisfacer estos gastos de alquiler.
Aunque la percepción subjetiva de la situación de los hogares se ha visto mejorada, «persiste un porcentaje importante de hogares del primer quintil con sobrecarga de los costes de la vivienda», ha expuesto Solé. En términos generales, la población con sobrecarga de los costes de la vivienda pasa del 13,9% de 2018 al 14,3% de 2019.
Disminuye la pobreza severa y relativa
Sin embargo y como ha recordado Galabert, un aumento de la desigualdad no significa un aumento de la pobreza, y precisamente eso es exactamente lo que ha pasado en Andorra, donde la tasa de pobreza es mucho más baja que la del entorno.
Primero podemos acogernos al umbral de riesgo de pobreza, que, siguiendo los criterios de Eurostat, corresponde al 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo. El año 2019 (con datos de ingresos de 2018) el umbral de riesgo de pobreza de Andorra es de 12.222 euros para los hogares formados por un adulto, y de 25.666 euros para los hogares de dos adultos y dos niños menores de 14 años, y la población en riesgo de pobreza era el 13%, menor a la media de la Unión Europea que es del 17% pero mayor a la del año anterior (12,8%).
Aunque el 60% de la mediana es el umbral oficial de riesgo de pobreza, también se calculan otros umbrales para la incidencia de la pobreza severa (40% de la mediana) o la pobreza relativa (50% de la mediana). En este sentido se observa un descenso de ambas métricas: el porcentaje de población en situación de pobreza relativa disminuye del 8,9% de 2018 al 7,2 del 2019. el de la pobreza severa pasa del 4,4% al 4,1%. De hecho, la pobreza severa en Andorra también se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea.
Baja privación material severa
Otra métrica de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) es la privación material severa, cuya proporción en Andorra es del 5,7%, según los nuevos criterios introducidos por Eurostat en la encuesta de 2019 que impiden compararla con la de 2018 (3,5%) por la diferencia de metodología. Si se tienen en cuenta los mismos criterios entre el 2018 y en 2019 se da un descenso, pasando del 4,7% de 2018 al 3% del 2019. Esta cifra es, además, sustancialmente inferior tanto a la media de la UE (que se ubica por encima del 10%) como la de los países vecinos.
El indicador AROPE
El indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) puede considerarse una combinación de los indicadores de riesgo de pobreza, privación material y baja intensidad laboral. Este indicador aumenta en dos puntos, desde el 15,5% hasta el 17,5%, aunque esto es debido al incremento del baremo de la privación material severa debido al cambio de metodología usada. En Andorra este indicador es inferior al resto de países europeos, un hecho que se explica en parte por la baja intensidad laboral.
El secretario de Estado resaltó las acciones que se están haciendo desde el Gobierno para reforzar el poder adquisitivo de los ciudadanos del país. Sobresalen las acciones y programas que se han hecho desde el Ejecutivo relativos a los asuntos sociales. Es el caso del gasto público en protección social en el país, que se sitúa en 208,7 millones de euros en el año 2019, una cantidad que representa un incremento del 8,1% en comparación con el 2018, cuando se destinaron 193,1 millones de euros en este ámbito.
